Obama responde a exigencia; Alto al Tráfico de Armas


J. Jaime HernándezCorresponsal | El Universal
04:04
politica@eluniversal.com.mx

WASHINGTON.— En una acción que busca atajar el tráfico ilegal de armas hacia México, el Departamento de Justicia anunció ayer nuevas normas para regular la venta de rifles de asalto a compradores frecuentes en los estados fronterizos de Texas, California, Arizona y Nuevo México.

“Esta nueva norma, diseñada solamente para los casos de ventas múltiples de rifles (de asalto) a la misma persona en un periodo de cinco días, mejorará la habilidad de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) para detectar y desmantelar redes de tráfico de armas que son responsables de desviar armamento desde el mercado legal hacia organizaciones criminales”, dijo James Cole, subprocurador de justicia.

Las armerías tendrán ahora que avisar al gobierno federal cuando detecten compradores frecuentes de rifles de alto poder. La nueva norma será aplicable en el caso de compras de rifles semiautomáticos que tengan cargadores desmontables y un calibre superior a .22. El Departamento de Justicia calcula que este nuevo sistema generará 18 mil reportes al año.

El requerimiento afectará a casi 8 mil 500 armerías distribuidas a lo largo de la frontera con México, en donde, según datos de la ATF, casi 30% de las ventas de armas de asalto son realizadas por compradores frecuentes o testaferros.

Al respecto, el gobierno de México expresó su beneplácito por la decisión de la administración del presidente Barack Obama de obligar a las armerías ubicadas en Texas, California, Arizona y Nuevo Mexico a reportar ventas múltiples de armas de asalto.

En un comunicado difundido por la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional se establece que se seguirá trabajando de manera estrecha con el gobierno de Estados Unidos, bajo el principio de corresponsabilidad, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país, a fin de mejorar las condiciones de seguridad en comunidades de ambos lados de la frontera.

La decisión del Departamento de Justicia intenta salir al paso del fallido operativo Rápido y Furioso, que habría permitido el trasiego ilegal de casi 2 mil armas de asalto entre 2009 y 2010, bajo la mirada impasible de agentes federales de Estados Unidos y de la agencia antinarcóticos DEA y el FBI, según las acusaciones vertidas por el director en funciones de la ATF, Kennet Melson.

La nueva medida ha sido duramente criticada por defensores de la segunda enmienda y la poderosa industria de las armas, como el congresista republicano por Texas Lamar Smith, quien acusó a la administración de “hipocresía” por establecer una medida que buscará reducir el tráfico ilegal de armas después de estallar el escándalo por el fallido operativo Rápido y Furioso, que ha causado la muerte de al menos dos agentes federales de EU y un indeterminado número víctimas en México.

“Es el colmo de la hipocresía que la administración Obama restrinja los derechos a comprar y poseer armas de los ciudadanos de estados fronterizos, cuando la propia administración permitió el tráfico de armas hacia México”, dijo Smith, al rechazar que limitar la segunda enmienda vaya a resolver el tráfico de armamento que va a parar a manos de los cárteles de la droga.

El anuncio del Departamento de Justicia es considerado una acción inevitable a raíz del escándalo desatado por el operativo; irónicamente, la nueva regulación es la última de las consecuencias que buscaban quienes desde el Partido Republicano han exigido la renuncia de altos cargos de ATF a quienes se responsabiliza por el desastroso esquema de tráfico de armas que ha dejado en evidencia a la administración Obama y ha provocado un serio problema en las relaciones con México.

Apenas en enero pasado, la Casa Blanca postergó su decisión para implementar un mecanismo que obligaría a las armerías fronterizas a reportar la venta múltiple de armamento. La decisión de ayer es una revisión en toda regla de esa medida que, al parecer, ha sido apurada en medio de una tupida lluvia de críticas y de las investigaciones que realizan tanto el Departamento de Justicia como el Congreso para esclarecer las responsabilidades en la operación Rápido y Furioso.

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